“A pesar de reiterados oficios remitidos a dicha entidad (el SII), el último fue respondido en febrero de este año, confirmando su criterio previo de no ejercer acción”, afirmó Perivancich, y agregó, “en cumplimiento de nuestros propios instructivos internos y en orden a no mantener permanentemente abierta una indagación, se comunica la decisión de no perseverar”, detalló la persecutora.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien dirige la investigación por el financiamiento ilegal de campañas políticas, conocido como caso SQM, explicó porque no se perseveró en la investigación de 34 personas indagadas por delitos tributarios.
“Las personas respecto de quienes se comunicó la decisión de no perseverar corresponde a quienes no fueron querellados por el Servicio de impuestos Internos”, explicó a El Mercurio
Entre las 34 personas indagadas por delitos tributarios, está el exministro del Interior de Bachelet, Rodrigo Peñailillo.
La persecutora detalló que el organismo fiscalizador reiteró hace pocos meses que no accionaría en estos casos.
“A pesar de reiterados oficios remitidos a dicha entidad (el SII), el último fue respondido en febrero de este año, confirmando su criterio previo de no ejercer acción”, afirmó Perivancich, y agregó, “en cumplimiento de nuestros propios instructivos internos y en orden a no mantener permanentemente abierta una indagación, se comunica la decisión de no perseverar”, detalló.
Además de Peñailillo, la decisión del Ministerio Público también benefició a Harold Correa (PPD), exjefe de gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre cuando era secretario de Educación y cercano a Peñailillo, así como de su socio en el estudio de abogados Harold’s & Johns Business & Law Limitada, Alex Matute Johns, hermano del fallecido Jorge Matute.
Se detalló que, la fiscalía investigó a Peñailillo y Correa porque aparecieron en la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios SpA (AyN), de Giorgio Martelli, el cual fue condenado a 800 días de presidio remitido por delitos tributarios en un procedimiento abreviado, en 2017, cuya pena ya está cumplida.
El Ministerio Público uno de los hechos que le imputó fue la facilitación y emisión de 23 facturas a SQM Salar, mediante su empresa AyN en 2012 y 2013, que sumaban cerca de $246 millones, por servicios inexistentes y que, según los antecedentes de la investigación, fueron destinados a pagar parte de la precampaña de Bachelet.
En sus declaraciones ante la fiscalía, el geógrafo sostuvo que el origen de AyN fue el financiamiento de varios profesionales que requerían tiempo para preparar información y análisis, con miras a “una nueva opción de gobierno”, y que fue Peñailillo quien fijó su propio ingreso y el nombre de a quienes contratar, según consignóEmol.
La versión anterior fue negada por Peñailillo en su oportunidad y, cuando declaró en 2015, el exministro dijo desconocer que a partir de sus informes se hubieran obtenido pagos de SQM Salar.
Junto con ellos, igualmente estaban en el listado del Ministerio Público personas vinculadas con la DC, RN y la UDI, entre otros.
Sobre la causa principal, comentó la fiscal Perivancich, “efectivamente estamos en pleno desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral desde el 1 de junio pasado”.
Entre los ocho acusados está el exgerente de SQM, Patricio Contesse, el exsenador Pablo Longueira y el expresidenciable del PRO, Marco Enríquez-Ominami.
Fuente: La Nacion.
