A tan solo horas de haber sido despachada por las dos salas del Congreso la ley que permitirá a 10 pueblos originarios participar en la redacción de la Carta Fundamental, surgieron numerosos nombres sobre quiénes podrían representar a esas etnias en la Convención Constitucional, cuya elección está programada para el 11 de abril. Van desde famosos, como el alcalde de Tirúa, Adoldo Millabur –que está evaluando dejar esa alcaldía para postular–, a abogadas reconocidas, como Natividad Llanquileo –quien fuera vocera en la extensa huelga de hambre de los presos mapuche en 2010–. Y aunque los pueblos tienen reparos sobre la ley que les otorgará 17 escaños reservados y que dejó fuera a los afrodesdendientes, la mayoría va a participar, en un ejemplo de democracia asambleísta difícil de igualar, para elegir a sus “voces”.
Los Aymara tienen 2 cupos según la ley. Son la comunidad más grande después del Pueblo Mapuche, con 156.754 personas que se reconocen como pertenecientes a esta etnia. Comparten un 25% de palabras con el pueblo Quechua e históricamente se han mezclado. Principalmente se ubican en el territorio chileno que comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Hortencia Hidalgo será candidata pero no a través de los escaños reservados sino en un cupo del Partido Socialista. “Los escaños son para personas que no tienen oportunidad de ir por otro lado. El llamado a los partidos es que abran los espacios”, dice. Sobre la forma de elegir sus representantes, afirma que “aún no tenemos el mecanismo establecido, pero todas las comunidades que tengan interés deben participar”. Hidalgo recuerda que “en el Gobierno de Bachelet se hizo una consulta indígena donde participaron 17 mil dirigentes”.
Paralelamente, Claudia Cortés, concejala por la comuna de Pica, está trabajando para que las comunidades de Tarapacá elijan a una persona que los represente. “Tenemos que presentar nuestras mejores cartas, tenemos gente muy preparada y con un historial de lucha a favor de los pueblos indígenas. Queremos que exista un representante de Tarapacá”, dice, y agrega que están programando un J’acha o parlamento Aymara con representantes de toda la zona “y debería recoger las visiones del pueblo Aymara, aunque sabemos que tenemos plazo administrativo hasta el 11 de enero. Si no podemos hacer el parlamento completamente presencial, nos vamos asegurar que los elegidos lleven nuestros planteamientos a la nueva Constitución. Estamos recorriendo todo el territorio”, dice.
Cortés admite que las herramientas digitales son lejanas especialmente para los mayores, que culturalmente tienen un rol importante. Además critica la forma de participación, porque según la ley es necesario inscribirse en un padrón y no se aprobó la autoidentificación. “Para votar por un chileno hay autoidentificación. Podemos votar libremente por un chileno, pero no por un indígena. Esto va a mermar la participación, porque no todos pueden inscribirse”, afirma. Cortés no irá por la alcaldía de Pica y tampoco a la reelección de concejal. Su intención es que en la elección interna pueda ser propuesta como candidata a constituyente. “Hoy podemos decir que estamos con intenciones, pero eso lo tendremos que decidir con los mayores”, puntualiza.
La ley aprobada ayer no incluyó a los Afrodescendientes, que tienen una ley que los reconoce hace un año, pero curiosamente hasta hoy no hay un reglamento para esa ley. Son 10.300 personas que se distribuyen principalmente en la Región de Arica y Parinacota, descendientes de esclavos africanos llevados a la zona durante la Colonia.
Milene Figueroa es dirigente de este pueblo tribal y ha estado durante todo el proceso incluso reuniéndose con parlamentarios para informar y dar a conocer su cultura, desconocida por gran parte de la clase política. “Hemos visto con pavor lo que ha sido esta discusión en el Congreso. El tremendo nivel de desconocimiento por parte de los parlamentarios oficialistas, de la ministra de Desarrollo Social y el subsecretario. Nos reunimos hace tres semanas con el subsecretario, ya que la ministra no nos ha querido recibir. Si hoy estamos quedando marginados es porque el Ministerio de Desarrollo Social no hizo su trabajo. El oficialismo nos bloqueó todas las puertas”, asegura.
Si la ley no los incluye, el camino para llegar a la Convención Constitucional será a través de un partido o como independientes. “Hay interés de partidos políticos para que dirigentes afro vayan en sus listas. Mañana miércoles tenemos una reunión ampliada donde vamos a decidir si vamos por un partido o levantamos una lista independiente. Para nosotros no sería tan terrible juntar las firmas”, dice.
Otro nombre que ha surgido es el de Azeneth Baez, quien desde hace tiempo viene dando una lucha a través de su organización Mujeres Hijas de Azapa. De hecho, hace un año leyó fuera de La Moneda una carta pidiendo la participación en la nueva Carta Magna. “Afrochilenos por una nueva Constitución Ya”. Azeneth es tía de Cristian Baez, quien también es dirigente de los afrodescendientes en Arica.
Samuel Yupanqui es Quechua, según su registro de la Conadi, pero preside una organización con nombre Aymara, Jach’ Marka,y que tiene sede en Santiago, donde –dice– es la segunda ciudad con más quechuas después de Antofagasta. Según la división administrativa, los quechua ocupan un territorio entre Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta. Según el Censo son 33.868 personas.
Como la ley define cuál es el territorio de cada pueblo, es posible que Santiago no esté incluido en el territorio quechua. Por eso está a la espera del reglamento de la ley. “Esta lógica de nosotros vamos a decidir dónde están, es súper patriarcal colonialista. Que ellos ordenen nuestras estructuras, como lo hace la Conadi. Ven a las organizaciones indígenas como una junta de vecinos”, apunta. Pero, a diferencia de otros integrantes del pueblo quechua, Yupanqui no considera que la ley sea completamente negativa. “Esta es una oportunidad para cambiar la lógica asistencialista, subsidiaria, residual que tiene la institucionalidad actual. Conadi representa la relación del Estado con los pueblos y no al revés. Hay una sola idea del territorio, más que de una nación”, subraya. Entre los quechua tampoco hay un mecanismo decidido para elegir un candidato y será sometido a discusión interna.
Uno de los que sí quiere ser candidato, pero está contra el proceso es el poeta y escritor residente en Calama Miguel Urrelo. “Bueno, si surgiera la posibilidad, sí, estoy disponible para participar. Esto debe entenderse como una forma de no despreciar los mínimos espacios que se nos dan. Sin embargo, no espero mucho de este proceso acordado solo entre quienes son los responsables del deterioro de la institucionalidad democrática del país. Lo ideal sería ir como independiente, pero ya sabemos los inconvenientes de ello, el sistema está meticulosamente diseñado para que nadie que realmente desee un cambio, pueda intervenir en el sistema”, afirma.
La elección entre los quechuas no será fácil porque muchos están en contra del proceso, como Mirta Chambe, de la Comunidad Miñe Miñe en Tarapacá. “Como comunidad, no validamos el trato que el Estado y este Gobierno en particular tienen con nuestros pueblos y con nuestras autoridades tradicionales. Aceptar estas condiciones significa retroceder en los derechos que hemos alcanzado durante décadas en el ámbito nacional e internacional, teniendo presente que hace poco más de 10 años nuestro diálogo con el Estado en materias legislativas o administrativas que intervienen y nos afectan directamente, se realiza a través de procesos de Consultas Indígenas, en las cuales siempre hemos buscado ajustarnos lo más posible a los estándares que establece el Convenio 169 de la OIT, tal como se ha registrado en variados archivos sobre las consultas indígenas. Durante todos estos años el Estado ha reconocido que nuestras representatividades son territoriales, que requerimos de mecanismos de ida y vuelta para dialogar con nuestras asambleas, que luego de una propuesta y un consenso asambleario delegamos en personas que representen nuestras posturas, es decir, elegimos a nuestros(as) representantes según nuestros valores culturales comunitarios y según un mandato. Hace ya varios años que dejamos de firmar papeles en blanco, situación a la que precisamente quiere llevarnos el sistema de escaños reservados, desconociendo los derechos que ya hemos alcanzado”, expresó a nombre de su comunidad en una declaración.
Para Ariel León, asesor del pueblo quechua durante la discusión legislativa, “este proyecto está destinado a beneficiar a las elites urbanas indígenas que pertenecen a partidos políticos, pero, si se abre el espacio, las comunidades van a luchar por instalar su candidato. No se ha decidido colectivamente, pero debería ocurrir. Si no, le vamos a dejar la decisión a indígenas que están fuera del territorio”, precisa, al tiempo que se descarta como posible candidato.
Los Changos son un pueblo de ancestros pescadores cuya población mayoritariamente vive en Tal Tal, pero están distribuidos entre Antofagasta y Valparaíso. Según el Censo son 4.725 personas. Felipe Rivera Marín pertenece a la comunidad Chañaral de Aceituno y es parte de los descendientes del último constructor de balsas de lobo. “Hoy vamos a reunirnos como consejo para determinar el mecanismo que vamos a utilizar para elegir un constituyente. Este será determinado por este consejo, independiente que puede haber otros candidatos por fuera del consejo. El asunto es que quien sea elegido va a tener que responder al programa que pide el consejo. Estamos preparando la propuesta”. Rivera no descarta ser candidato, pero también reconoce que hay otras personas posibles. “Como orgánica hemos tenido dos vocerías: Brenda Gutiérrez, que se perfilaría como buena opción… Pero tenemos las capacidades y las condiciones para representar el mandato del consejo. Ojalá se llegue a un acuerdo prontamente para afinar propuestas y definir quién será el mandatado o la mandatada”, plantea.
Como “ciudadanos del imperio inca”, los Collas se expandieron hasta la Región de El Maule y, según el último Censo, son 20.744 personas que se distribuyen, como casi todos los pueblos originarios, a lo largo del país, incluso en la Región de Aysén. Sonia Neyra es de Copiapó, pero vive en La Serena. Fue candidata a concejal por el PC y ahora no descarta postular a constituyente. Pero siempre respetando la elección interna. “Van a ser aquellas personas que trabajen por los contenidos emanados del colectivo. Que respondan a los acuerdos del pueblo. Estamos trabajando para llegar a un mecanismo que salga de forma colectiva. Sería un congreso, un conversatorio o una asamblea allá en el territorio. Hemos estado trabajando vía Zoom. Esta no es mi opinión, es la opinión de todo el pueblo”, señala. También está en contra de la institucionalidad sobre la cual se hizo la ley. “El proyecto aprobado no refleja para nada la propuesta de los pueblos originarios y lo que queríamos en dignidad y derechos. No solo me refiero al número de escaños sino a la autoidentificación y del tema supernumerario. Nos tratan de meter en esta dinámica de cupos distritales y no entienden cómo funcionamos los pueblos indígenas. Vamos a tener que armar duplas, pero las vamos a armar dentro de la cosmovisión del pueblo colla”, detalla.
José Domingo Rojas Piñones pertenece al pueblo Diaguita, en el que se identifican, según el último Censo, 88.474 personas y que originalmente se distribuyen entre Atacama y el Maule. Rojas es uno de los pocos que está un poco más conforme con el resultado de la ley. “Yo estoy conforme con los 17 cupos, salvo por lo de los afrodescendientes, a quienes les corresponde. Pero más cupos hubiera sido una sobrerrepresentación del pueblo mapuche. Todos los pueblos tenemos características similares, hay gente de nuestros pueblos en todos los valles”, sostiene.
Está disponible para ser candidato, pero no lo hará si no es con acuerdo el de la mayoría de la comunidad. “Hemos tratado de llegar a algunos consensos pero cada valle tiene sus propias características. No tenemos todavía un candidato único. Vamos a tener varias candidatas o candidatos. Yo soy uno de los primeros que manifestó la voluntad de ser candidato. Pero no he lanzado mi candidatura por respeto a este proceso”, puntualiza.
Son el pueblo originario más numeroso, con 1.745.147 personas según el último Censo. En razón de esto, tendrán 7 escaños reservados. Salvador Millaleo será candidato por el distrito 12 en un cupo del Partido Socialista y participó en la propuesta legislativa inicial que reconocía 24 escaños reservados. Reconoce que la elección no será fácil, pero que debe “emanar de las comunidades, los candidatos tienen que emerger de las organizaciones, comunidades o asociaciones. Son ellas las que tienen que convocarse y definir si se quieren presentar y cómo designar candidaturas. Hay una serie de nombres que se escuchan, liderazgos históricos que tienen un arrastre en los territorios. Es esencial que la representación salga de los mismos territorios”, manifiesta.
Entre esos liderazgos históricos suenan como posibles candidatos la dirigenta Ana Llao, la académica Elisa Loncón, el alcalde de Tirúa Adolfo Millabur, y Aliwen Antileo, vocero de la Plataforma Política Mapuche. En los próximos días, Millabur podría anunciar si deja la alcaldía para postular a redactar la nueva Constitución e iría representando a los lafquenches.
“Antes del verano, del Walun, las comunidades se reúnen y probablemente van a convocar antes de año nuevo y ahí deberían levantarse las candidaturas. Los escaños tienen que generarse por fuera de la militancia política, y los demás nos presentemos por los partidos”, dice Millaleo.
Otra candidata por el distrito 12 es Sandra Huentumilla trabajadora social que va por la plataforma “Independientes no neutrales”. “Los que somos de pueblos indígenas tenemos que estar en todos los frentes. Los escaños son súper limitados, por eso tenemos que considerar las otras posibilidades. Yo tenía aspiración de presentarme para un escaño, pero viendo el proyecto de ley, decidí que era más limitante que para los independientes. Frente a eso desistí para que puedan ocuparlos otras personas. No me parecía la formación de un padrón indígena. Es como forzarte a una participación política que no es la que queremos los pueblos indígenas”, advierte.
De acuerdo al último Censo, en 2017, un total de 9.399 personas se identifican con el pueblo Rapa Nui, que habita la Isla de Pascua. El alcalde Pedro Edmunds afirma que hay al menos 10 personas interesadas en ocupar el escaño reservado, pero que será un proceso de elección entre las “matriarcas y patriarcas que forman las 36 familias. El alcalde sugiere que “cada familia proponga su dupla, hombre y mujer, y nosotros internamente, antes del 11 de enero, hacer una especie de primaria”. Como candidata posible suena Valeria Pakarati, secretaria de los clanes. “Hay interesados, aunque siempre están con resistencia porque no quieren saber con el Estado de Chile, porque no les cumplió en 132 años. El candidato debe ser alguien que entienda del tema, abogado o abogada”, recalca el alcalde.
En la zona de Tierra del Fuego habitan los Yaganes o Yamanas y en el último Censo se identificaron 1.600 personas como parte de esta etnia de tradición canoera. Entre los candidatos para ocupar el escaño se menciona a María Luisa Muñoz, presidenta de la Comunidad Yagán, y José González Calderón, nieto de Cristina Calderón Harban, la última mujer Yagán nativa que habla el idioma.
Conocidos en español como “Atacameños” este pueblo originario está mayoritariamente en la Región de Antofagasta y, de acuerdo al último Censo, suman 30.269 personas. Sergio Cubillos, presidente del consejo que los agrupa, dice que iniciarán un “proceso abierto para elegir una candidatura”. Aunque será un congreso programado para el viernes donde se decidirá si van a participar. Porque también hay descontento , por cómo se dio esta votación. “Se vio el racismo y la discriminación con nuestros pueblos. Sentimos que los escaños dentro de los 155 es un engaño para la población chilena que votó tener esos convencionales, sin embargo, por un juego político de conveniencia se llega a esta fórmula”, sostiene Cubillos.
Fuente: El Mostrador
