Trabajadores acusan a Ejecutivos del Grupo Suez, propietaria de la empresa, de no querer negociar con sus trabajadores. Empresa tiene la concesión sanitaria de la región de los Ríos y de Los Lagos, y hace pocos meses se vió involucrada en una falla en sus sistemas que tuvo a varias ciudades de la región sin el suministro básico durante varias semanas.
El Comunicado, hecho llegar a nuestras oficinas, señala lo siguiente:
La mayor operadora del planeta de servicios sanitarios, Suez Environnement, congela salarios de sus trabajadores tras la crisis social en Chile, sus ejecutivos se niegan a negociar un nuevo pacto colectivo con 300 trabajadores sindicalizados de essal, filial del grupo controlador Aguas Andinas, conglomerado que tiene el monopolio del 42% de los servicios sanitarios de nuestro país, que alcanzaría a 2.128.019 usuarios, según fuentes de la SISS año 2017.
Pese a que el negocio del agua es muy rentable para los controladores, los ejecutivos aprovechan de la contingencia social para imponer una relación laboral desigual y precaria, que en materia de salario, un tercio de la fuerza de trabajo de essal tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza, sin embargo los ejecutivos mantienen rentas 50 veces superiores a la de los operarios de los servicios, operarios con turnos de emergencia de 24 horas, donde el fin de semana la hora de turno cuesta $145 (US$0,19) lo que resulta un abuso.
Los 300 trabajadores presentaron en su pliego un reajuste de salario por sobre el de la inflación (IPC) ya que los últimos 10 años no han tenido reajuste real, sin embargo la empresa solo le ofrece un monto fijo parejo para todos de $18.000 (US$23,99), en cambio los trabajadores aspiran a un monto de $90.000 el primer año (US$119,96), aspiración que fue mal recibida por los ejecutivos, que en vez de mantenerse en la mesa se fueron de celebración de fiestas de fin de año, lo que es grave porque la la mesa debe alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre, fecha en que expira el actual contrato con sus trabajadores.
Las 20 empresas sanitarias que operan en Chile, agrupadas en la asociación gremial conocida como ANDESS, han logrado frenar todo mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector sanitario, por ello, en la última reforma laboral sus empresas mantuvieron su condición de privilegio, imponiendo a sus trabajadores la prohibición del derecho a huelga, acogiéndose a la constitución del 80 (dictadura) que le da a las empresas publicas el estatus de “servicio estratégico” que no pueden paralizar, lo que va en detrimento de los derechos de los trabajadores a la hora de negociar un pliego colectivo, lo que le permite mantenerlos en precarias condiciones, lo que redunda en poner en riesgo el servicio que se entrega a la población.
