Por: Pablo Jaeger Cousiño es abogado de la Universidad de Chile, con estudios de post grado en Economía y en Derecho de Recursos Naturales, en Chile y el extranjero.
Otra vez, he terminado mi reflexión política y análisis profesional (como abogado) sobre la nueva constitución que se nos propone a los chilenos. Ahora la propuesta es de un Consejo Constitucional con una clara mayoría de representantes de la derecha política, que tampoco estuvo a la altura delos requerimientos de la patria y ha propuesto un texto que no privilegia los acuerdos.
Es obvio que ningún texto constitucional será del agrado de todos. Por definición una constitución es un pacto en que las partes llegan a acuerdos y ceden renunciando a legítimas aspiraciones. Así, la decisión a su respecto debe sopesar el alcance de las normas que nos disgustan, las que sí nos parecen apropiadas y las consecuencias políticas de la decisión.
En lo que se refiere alas consecuencias políticas, en este caso la decisión es especialmente compleja, ya que si el texto propuesto es rechazado seguirá rigiendo la Constitución del 80 en su versión modificada de 2005. Personalmente he realizado toda mi vida de adulto en política luchando por cambiar la Constitución de 1980, insistiendo en su ilegitimidad de origen.Hoy quiero cerrar el tema constitucional. Chile necesita clausurar este tema y concentrarse en dar solución a los múltiples problemas que nos aquejan, para lo cual es indispensable la estabilidad en las reglas del juego democrático.El año pasado señalé que no podía aprobar el texto propuesto por la ConvenciónConstitucional, estando consciente de que“seguirá rigiendo la constitución vigente. Eso no me gusta, pero creo que es menos malo que aprobar un texto peor”.En esta oportunidad también optaré por NO APROBAR, pero daré por cerrado el tema constitucional, entendiendo que si gana el rechazo el pueblo habrá dado por legitimada la constitución vigente.
En cuanto a las normas propuestas, creo que existen varios temas en que se evoluciona en el sentido correcto, entre ellas: en el Sistema Político, solo los partidos que logren más del 5% de la votación tendrán representación parlamentaria, y los congresistas que renuncien a su partido perderán su escaño. Se mantiene la iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República, quien en su cuenta pública anual deberá priorizar tres proyectos que deberán ser despachados en un año; en elPoder Judicial se avanza en separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, destacando en éstas los principios de“imparcialidad, independencia y responsabilidad”,aunque también se aumenta el riesgo de“corporativismo”,con malas normas en materia de calificaciones y nombramientos; en los derechos de las mujeres, se logra establecer, aunque no es suficiente, el“acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”.Además,“el Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”,y se“proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo”.Se consagra una norma de paridad de salida en elecciones; existe por primera vez un reconocimiento de los“pueblos originarios”,conderechos individuales y colectivos, en el contexto de la nación chilena única e indivisible. La ley deberá establecer mecanismos de participación política.
Las normas más complejas se refieren a la configuración del “Estado social y democrático de derecho”. Aunque obviamente su consagración es un avance, la forma en que se realiza es muy deficiente: se extraña el compromiso del Estado con lograr y promover condiciones de bienestar para todos los chilenos, y se privilegia entenderlos derechos sociales (salud, educación y pensiones, por ejemplo) como medios para que las personas desarrollen sus capacidades individuales, a través de posibilidades de elección de regímenes públicos y privados, los cuales deberán tener un trato igualitario. Así, la provisión de los derechos sociales es ideológica, y busca hacer inconstitucionales los programas progresistas en la materia.Esta forma de entender la sociedad no me satisface, y habría querido privilegiar la comunidad y solidaridad.
Existen múltiples asuntos mal resueltos y que traerían graves problemas, entre otros: la judicialización del derecho a la seguridad y el combate a la delincuencia; se debilita la Contraloría General de la República al crear otro organismo que se ocupe de la “corrupción”;al proteger la vida de“quien está por nacer” se abren incertezas sobre asuntos que ya estaban superados, que sin lugar a dudas serán fuente de grandes conflictos; se debilita el derecho a huelga de los trabajadores; el derecho a la educación de vincula con los “voucher” y una mirada ideológica; la potestad reglamentaria se complejiza y dificulta.
Cualquiera sea el resultado del plebiscito, confío que se hagan los esfuerzos por fortalecer el sistema político, evitando la dispersión de partidos y buscando instrumentos que incentiven los acuerdos
