El tribunal de alzada de Santiago exigió determinar la “eventual responsabilidad disciplinaria” de los magistrados en la “tardanza y postergación” del proceso. Las defensas de Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse coinciden en culpar, en cambio, a la Fiscalía, por la extensión de la causa, que ya dura ocho años.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó iniciar el próximo lunes el juicio oral del caso SQM tras postergación por la falta de un documento, y determinó abrir un sumario contra los jueces encargados del mismo.
El pasado 1 de febrero se preveía el inicio de este caso que investiga el financiamiento irregular de la política -derivado del caso Penta- y que ya lleva ocho años en la justicia, sin embargo, en la audiencia faltó el auto de apertura, que debía ser presentado por el juez de garantía, quien se encontraba de vacaciones.
Este documento es necesario para realizar el juicio y contaría con cerca de cinco mil páginas.
De esta manera, el pleno ordenó oficiar al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y al Tercer Tribunal Oral en lo Penal capitalino para que “adopten las medidas pertinentes y se verifique el inicio del juicio oral el 13 de febrero próximo“, según consignó El Mercurio.
Se dispuso, además, un sumario con el objeto de terminar la “eventual responsabilidad disciplinaria” que le cabría a los jueces por la “tardanza y postergación” de la audiencia.
REACCIONES
El abogado que representa al exgerente general de SQM Patricio Contesse, Samuel Donoso, advirtió en el matutino que el hecho de que el auto de apertura “todavía no pueda ser corregido es responsabilidad, única y exclusiva, del Ministerio Público, que ha construido una acusación excesivamente extensa, con muchos acusados y con mucha prueba inútil, y ha sido contumaz en negarse a separar acusaciones”.
Ciro Colombara y Aldo Díaz, defensores del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, apuntaron que “lo que ha ocurrido en este caso es insólito y bochornoso, vulnerando las garantías fundamentales de nuestros defendidos. La Fiscalía ha tomado un rol pasivo en esta situación, cuando es la que debe velar para que el juicio oral se inicie”.
Mientras que el abogado Alejandro Espinoza, que representa al exsenador UDI Pablo Longueira, afirmó que “la extensión de este proceso se debe exclusivamente a que la Fiscalía agrupó la causa por cohecho seguida contra mi cliente a otras investigaciones contra terceros por delitos tributarios, que no tienen vinculación”, por lo que se ha faltado al derecho al juicio propio y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En este juicio oral habrá ocho imputados de los 180 que en un inicio fueron investigados y que posteriormente fueron sobreseídos o el Ministerio Público decidió suspender bajo condiciones los procedimientos. A la fecha, sólo ha habido 10 condenas.
Aparte de Longueira, ME-O y Contesse, los otros acusados citados son: la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista, Cristián Warner, y el exembajador Marcelo Rozas. Soborno, cohecho y delitos tributarios son los ilícitos que se les imputan.
