Por Flavia Liberona: Bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Directora Ejecutiva de Fundación Terram desde 2007. Se ha desempeñado como docente y coordinadora en diversas redes de trabajo a nivel nacional que abordan temas como: bosque nativo, institucionalidad ambiental, biodiversidad, transgénicos, entre otros. Es autora de diversas publicaciones.
Columna de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, respecto al cambio que establece la nueva Constitución en torno a la relación sociedad-naturaleza, superando el Estado subsidiario, vigente en la actual Constitución del 80’, para pasar a uno que asume un rol activo en la protección de la naturaleza y en los derechos de las personas, lo cual es un cambio sustantivo y transformador”. Fuente: La Mirada Semanal, 28 de julio de 2022.
Como bien sabemos, el actual proceso constituyente se origina con el estallido social de octubre de 2019 y las demandas de diversa índole que movilizaron a personas en todo Chile. Así lo expresa el primer párrafo del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, el cual señala que “ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”. En ese sentido, debemos recordar que las consignas de las movilizaciones de octubre hacían referencia a un sistema de pensiones digno (NO +AFP), mejoras en el sistema de salud, una educación pública gratuita y de calidad y la recuperación de las aguas para Chile, entre otras.
Lo anterior no ha impedido que el proceso constituyente haya sido objeto de cuestionamientos y polémicas, pero en términos concretos hoy contamos con un texto para una nueva Constitución y en las próximas semanas los habitantes del territorio nacional debemos votar por Aprobar o Rechazar dicha propuesta. Evidentemente la discusión sobre el Apruebo o Rechazo está instalada y más allá de las interpretaciones jurídicas, las cuales dan para mucho, es imprescindible tener en cuenta que es no es posible que exista un texto constitucional que satisfaga a todas las personas que habitan este país.
En esta discusión entre Apruebo o Rechazo es importante centrarse en revisar los cambios sustantivos entre la Constitución del 80’ y el texto elaborado por la Convención Constitucional, como ocurre con el rol del Estado: mientras la Constitución de Pinochet le otorga un rol secundario a este, la propuesta que debe ser votada el 4 de septiembre establece en su primer artículo que “Chile es un Estado social y democrático de derechos. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Además, reconoce la relación indisoluble entre los seres humanos y la naturaleza, así como también los derechos humanos individuales y colectivos, y establece que “es deber del Estado generar condiciones necesarias para asegurar el igual goce de los derechos e integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.
En su artículo 19 N° 21, la Constitución del 80´señala que “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quorum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá, asimismo, de quorum calificado”. Este artículo claramente limita las atribuciones del Estado, relegándolo a un rol subsidiario, el cual sumado a otros artículos va configurando un escenario donde los privados tienen un rol preponderante.
El Estado subsidiario hoy vigente se caracteriza por fomentar y permitir el desarrollo de actividades privadas en cualquier área del quehacer nacional, donde el Estado queda relegado a participar de aquellos sectores donde los privados no pueden o, más bien, no les resulta rentable hacerlo.
De esta manera, la nueva Constitución establece un Estado social de derechos, superando su carácter subsidiario, el cual ha otorgado durante décadas un rol protagónico a la iniciativa privada, siendo esta justamente una de las causas de la actual crisis política y social que atraviesa el país.
Si miramos en retrospectiva los últimos 40 años en Chile, desde la entrada en vigencia de la Constitución del 80’, veremos que grandes grupos empresariales se han fortalecido en desmedro de las mayorías. No solo la educación, la salud o el sistema de pensiones han quedado en manos de privados, sino también una serie de industrias empresas sanitarias, forestales, eléctricas, mineras de litio, portuarias y pesqueras, que en su momento fueron de propiedad pública[1]. Así, lo que ha ocurrido es, por una parte, la privatización de un conjunto de empresas antes estatales y, junto con ello, el fortalecimiento de los grandes consorcios empresariales.
En este modelo de desarrollo cuyas bases jurídicas están en la Constitución del 80’, se ha privilegiado y premiado la extracción de recursos naturales y un modelo silvoagropecuario, orientados a la exportación de productos con bajo nivel de procesamiento. Se ha instalado así el enfoque de que nuestra economía debe estar orientada hacia los mercados internacionales, debilitando a los pequeños y medianos productores y con ello a las economías locales.
Durante estos años en que ha operado la Constitución de Pinochet o, mejor dicho, de Jaime Guzmán, el Estado se ha ido reduciendo y con la promulgación de algunas regulaciones se ha beneficiado a grandes consorcios empresariales de tipo minero, forestal, energético, salmonero, paltero y frutícola en general. Cabe destacar que la mayoría de las leyes que han beneficiado a grandes sectores privados fueron elaboradas en los años 80’s y corresponden a normas de quorum calificado y/o Leyes Orgánicas Constitucionales (L.O.C.), lo cual hace muy difícil su modificación por parte del gobierno y parlamentarios de turno, ya que se requieren altos quorum para modificarlas.
En materia ambiental y de protección de la naturaleza, las regulaciones existentes son marginales y bastante laxas, sumado a la poca capacidad del Estado para orientar la política pública hacia una de bienestar social, han ido configurando el malestar de comunidades locales, lo cual se ha expresado en movilizaciones masivas y conflictos socioambientales a lo largo del país.
La nueva Constitución es una propuesta acorde a los tiempos en relación al rol del Estado, pero también a cómo se debe establecer la relación sociedad-naturaleza. En este sentido, salir de un Estado subsidiario para pasar a uno que asume un rol activo en la protección de la naturaleza y en los derechos de las personas, es un cambio sustantivo y transformador. Por ello, quienes hemos estado durante años luchando por mejores políticas públicas en materia ambiental, y hemos chocado una y otra vez con la Constitución del 80’, no deberíamos tener dudas en aprobar la nueva Constitución.
