Como una medida complementaria al avance de las diligencias llevadas a cabo por el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, encargada de investigar la falta de probidad y transparencia, así como el grave incumplimiento de normativas corporativas durante el ejercicio de Nelson Pizarro Contador como presidente ejecutivo de Codelco, la Federación de Trabajadores del Cobre interpuso una querella por presunto delito de cohecho, en contra del ex ejecutivo de la principal empresa del estado de Chile.
La Federación de Trabajadores del Cobre, representada por su Consejo Directivo Nacional, interpuso una querella en contra del ex presidente ejecutivo de Codelco, sr. Nelson Pizarro, por presunto delito de cohecho, luego que éste ejerciera influencias para la contratación de una empresa ligada a su hijo, querella que se suma a la interpuesta por la misma razón, por el Consejo de Defensa del Estado.
Esta acción legal se enmarca en la contratación por parte del Consejo Directivo Nacional de la FTC, de una asesoría especializa en materias penales, en la persona del abogado y profesor universitario, don Pablo Méndez Soto, que responde a una sentida solitud de los dirigentes de los Sindicatos Base.
De esta manera, como Federación de Trabajadores del Cobre, en base a los antecedentes que obran en nuestro poder y las diligencias ordenadas por la Fiscal del caso, nos hacemos parte de la investigación y querellas existentes, de forma de acceder al contenido de la carpeta investigativa que lleva la Fiscal Constanza Encina Calquín, y como en esta oportunidad, presentando una querella por nuevos ilícitos cometidos al interior de CODELCO, que involucran a altos ex y actuales ejecutivos.
En este contexto, celebramos el conjunto de acciones impulsadas por la Fiscalía, en el marco de la investigación que se encuentra realizando en orden a determinar los responsables de las graves irregularidades, tráfico de influencias y fraude al fisco que involucran al ex presidente ejecutivo de Codelco, Sr. Nelson Pizarro Contador.
Por la gravedad de los hechos aludidos, resulta imprescindible que esta investigación se amplíe a todos los niveles de la organización, de manera que quienes resulten involucrados sean sancionados con el máximo rigor de la ley.
Tan grave es eta situación que la propia administración de Codelco se querelló contra Nelson Pizarro, por el delito de “tráfico influencias”, tipificado en el artículo240 BIS del Código Penal, querella que fue presidida por un conjunto de denuncias y acciones de fiscalización (Cámara de Diputados), entre las cuales estuvieron las realizadas por la FTC en los meses de octubre y noviembre de 2019, donde se aportaron diversos antecedentes sobre estos ilícitos. A ello se suma la reciente querella por presunto delito de cohecho, interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el ex presidente ejecutivo de Codelco, luego que éste ejerciera influencias para la contratación de una empresa ligada a su hijo.
Paralelamente, nos preocupan las imputaciones contra ejecutivos y ex ejecutivos de la Corporación, las que nos parecen de la mayor gravedad, pues según los antecedentes que se entregaron, también habrían tenido participación en el contrato que favorecía a Pizarro y su hijo.
En este contexto, y en virtud de lo anteriormente señalado, reafirmamos la posición de la Federación de Trabajadores del Cobre, en orden a que la probidad y transparencia deben regir las acciones y conductas de la principal empresa del Estado de Chile, sin excepción, sean trabajadores, dirigentes sindicales, ejecutivos o directores de la empresa.
Por lo mismo, como Federación de Trabajadores del Cobre estamos particularmente atentos al desenlace de dichas diligencias que permitirán esclarecer, ojalá al más breve plazo posible, esta gravísima situación que involucró al máximo ejecutivo de la empresa y afectó de manera considerable y de forma impresentable, el patrimonio de la empresa minera más importante de nuestro país y del mundo. La compleja situación por la que atraviesa la Corporación requiere dar mayores garantías en términos de eficiencia, transparencia y probidad, elementos esenciales para asegurar el resultado de las grandes inversiones que se están realizando y que pertenecen a todos los chilenos.
